Semar asegura más de mil equipos de minería de criptomonedas en Puebla

Elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) llevaron a cabo un operativo en el estado de Puebla, donde lograron asegurar más de mil equipos de cómputo especializados en la minería de criptomonedas. La intervención se derivó de investigaciones sobre el consumo irregular de energía eléctrica en la zona, la cual presuntamente era sustraída de manera ilegal de la red de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La dependencia federal informó que los dispositivos fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales para dar continuidad a las indagatorias correspondientes.

El operativo cobró relevancia tras señalamientos públicos realizados por integrantes de la disidencia del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), quienes denunciaron la operación de estas granjas de criptomonedas en la región. Según los testimonios presentados por el grupo gremial, el diputado local Miguel Márquez Ríos tendría vínculos directos con la instalación de estos centros de procesamiento, los cuales operaban bajo una infraestructura que evadía el pago de tarifas eléctricas comerciales.

Ante estos señalamientos, el diputado Márquez Ríos ha sido objeto de críticas por parte de diversos sectores sociales que exigen esclarecer el origen de los recursos para la adquisición de los equipos y la legitimidad de las conexiones eléctricas utilizadas. Hasta el momento, las autoridades estatales y federales han mantenido la reserva sobre los avances específicos de la investigación, aunque han confirmado que se buscará determinar la responsabilidad administrativa y penal de los propietarios de los inmuebles asegurados.

La minería de criptomonedas demanda altos niveles de energía eléctrica para el funcionamiento constante de procesadores de alto rendimiento, lo que ha generado preocupación en las autoridades energéticas del país. Este caso en Puebla se suma a una serie de acciones emprendidas por el Gobierno Federal para combatir el robo de fluidos eléctricos, una práctica que, según especialistas, afecta la estabilidad de la red nacional y representa una pérdida significativa para las finanzas de la CFE.

La Fiscalía General de la República (FGR) será la instancia encargada de determinar si los equipos asegurados formaban parte de una red organizada de explotación digital. Por su parte, el Congreso local no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la situación del legislador señalado, manteniéndose a la espera de que las autoridades judiciales presenten las pruebas necesarias para proceder conforme a derecho.