Presidenta cuestiona el regreso de Rocha a sus funciones en Sinaloa
La titular del Ejecutivo federal calificó de imprudente la reincorporación del gobernador de Sinaloa tras un periodo de ausencia.
La presidenta de la República manifestó este lunes su desacuerdo respecto a la reincorporación del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a sus actividades públicas. Durante su conferencia matutina, la mandataria calificó el retorno del mandatario estatal como una decisión personal e imprudente, subrayando que no existió comunicación previa para informar sobre esta determinación.
La jefa del Ejecutivo federal fue enfática al señalar que no ha sostenido conversaciones con el gobernador sinaloense y descartó que exista intención de dialogar sobre este tema en el futuro próximo. Esta postura marca una distancia política evidente entre el Gobierno Federal y la administración estatal, en un contexto donde la entidad atraviesa desafíos complejos en materia de seguridad y gobernabilidad.
El retorno del mandatario se produce en medio de un ambiente de incertidumbre en el estado, donde diversos sectores sociales y económicos han solicitado mayor claridad sobre la situación administrativa de la entidad. Las declaraciones de la presidenta reflejan la postura de la administración central ante las acciones unilaterales de los ejecutivos estatales cuando estas comprometen la coordinación institucional o la estabilidad regional.
Hasta el momento, el equipo de comunicación social del gobierno de Sinaloa no ha emitido una respuesta oficial a las declaraciones vertidas desde el Palacio Nacional. La situación permanece bajo observación de las autoridades federales, mientras se mantiene la presencia de elementos de la Guardia Nacional y de la SEDENA en diversos puntos estratégicos para garantizar la seguridad de la población local.
Este desencuentro institucional añade una capa adicional de complejidad a la relación entre la Federación y el estado de Sinaloa. Mientras tanto, la presidenta ha reiterado que su administración prioriza el cumplimiento de los protocolos de comunicación y responsabilidad institucional por encima de las decisiones individuales de los mandatarios estatales.
