Movimiento Ciudadano exige juicio contra el gobernador Rubén Rocha Moya
La dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano demandó que el gobernador de Sinaloa enfrente un proceso judicial ante la crisis de seguridad en la entidad.

La dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano exigió formalmente este domingo que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sea sometido a un proceso de rendición de cuentas ante las instancias correspondientes. La solicitud surge en un contexto de creciente presión política y social, luego de que diversos actores públicos, incluyendo exfuncionarios de agencias internacionales como la DEA, señalaran la necesidad de esclarecer las responsabilidades institucionales frente a la ola de violencia que atraviesa el estado.
El partido político argumentó que el estado de Sinaloa requiere una intervención profunda para garantizar la verdad y la justicia, elementos que, a su juicio, se han visto vulnerados por la actual gestión estatal. Según la postura emitida por el equipo de comunicación de MC, la crisis de seguridad no puede ser ignorada y debe ser abordada mediante un ejercicio de transparencia que involucre a los tres niveles de gobierno.
Esta petición se suma a las voces que en los últimos días han cuestionado la capacidad de respuesta de las autoridades locales frente a los grupos de la delincuencia organizada. La exigencia de Movimiento Ciudadano pone nuevamente en la mesa la discusión sobre la responsabilidad política de los mandatarios estatales ante la posible colusión o negligencia en el ejercicio de sus funciones de seguridad pública.
Hasta el momento, las autoridades federales, incluyendo a la Fiscalía General de la República, no han emitido una postura oficial sobre el inicio de una investigación directa contra el mandatario estatal. Mientras tanto, la oposición en el Congreso de la Unión mantiene la presión para que se esclarezcan los hechos ocurridos en la región y se garantice el Estado de derecho en una de las zonas más críticas del país.
El llamado de la dirigencia naranja subraya que la legitimidad de las instituciones democráticas depende de la capacidad del sistema judicial para sancionar a quienes, desde el poder, hayan fallado en su deber de proteger a la ciudadanía. Se espera que en las próximas sesiones de la Comisión Permanente del Congreso se discutan los puntos de acuerdo relacionados con la situación de seguridad en Sinaloa.


