Investigan presunta red de prestanombres en cadena La Casa de Toño

Autoridades financieras y legales han puesto bajo la lupa a la cadena de restaurantes La Casa de Toño, tras revelarse información sobre una red de presuntos prestanombres utilizada para la gestión de su estructura societaria. Los registros señalan que la empresa mantuvo un esquema de designación de fundadores y administradores a través de la Notaría 181, el cual permaneció vigente hasta finales de 2025, generando cuestionamientos sobre la transparencia en la titularidad de sus activos.

La investigación se centra en la opacidad con la que se llevaron a cabo los cambios administrativos dentro de la compañía, una de las más reconocidas en el sector gastronómico de la Ciudad de México. Según los datos analizados, diversas personas físicas fueron registradas en instrumentos notariales como los responsables legales del negocio, a pesar de no contar con una participación operativa o ejecutiva conocida en el día a día de los restaurantes.

Especialistas en temas corporativos señalan que este tipo de estructuras, aunque comunes en ciertos sectores para la protección de activos, podrían vulnerar normativas vigentes sobre la identificación de beneficiarios controladores. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de sus unidades de inteligencia, ha intensificado la supervisión de empresas que presentan inconsistencias en la composición de su capital social y en la identidad de quienes ejercen el control efectivo de la marca.

Por su parte, los representantes legales de la firma han mantenido una postura de reserva, limitándose a señalar que toda la operación se realizó bajo los marcos legales vigentes al momento de las modificaciones notariales. No obstante, los auditores sugieren que podrían abrirse procesos de revisión fiscal exhaustiva para determinar si el esquema fue utilizado con fines de evasión o para ocultar la verdadera estructura de propiedad frente a las autoridades mexicanas.

Este caso se suma a una serie de revisiones que las instancias reguladoras están realizando a empresas de alto perfil en el país. El objetivo de las autoridades es asegurar el cumplimiento de las leyes antilavado de dinero, obligando a las corporaciones a transparentar quiénes son los verdaderos dueños y beneficiarios detrás de cada operación comercial a nivel nacional.