Difieren audiencia contra Mario Marín por fallas técnicas en el sistema
El proceso judicial contra el exgobernador Mario Marín por el caso de tortura contra Lydia Cacho se postergó nuevamente debido a problemas técnicos.
La audiencia programada para este martes en el proceso penal que se sigue contra el exgobernador de Puebla, Mario Marín, fue diferida debido a fallas técnicas en los sistemas de comunicación. El retraso impide continuar con el desahogo de las diligencias relacionadas con la acusación por tortura y persecución en agravio de la periodista y defensora de derechos humanos, Lydia Cacho, un caso que ha permanecido bajo el escrutinio público por más de una década.
La diligencia, que debía realizarse a través de los mecanismos virtuales habilitados por el Poder Judicial Federal, se vio interrumpida al inicio de la sesión. Fuentes judiciales confirmaron que la imposibilidad de garantizar una conexión estable y segura para todas las partes involucradas obligó al juez de la causa a reprogramar el acto procesal para una fecha próxima, buscando asegurar el debido proceso y el respeto a las garantías constitucionales de los intervinientes.
Este incidente añade una nueva dilación en el litigio que busca esclarecer las responsabilidades penales derivadas de los hechos ocurridos en 2005. La defensa y los representantes legales de la parte afectada han expresado en reiteradas ocasiones la importancia de evitar tácticas dilatorias que prolonguen la espera por una resolución definitiva en este expediente, el cual es considerado un caso emblemático sobre la libertad de expresión y la integridad de los periodistas en México.
El caso contra Marín Torres se ha mantenido bajo la supervisión de la Fiscalía General de la República, institución que ha presentado diversos elementos de prueba en las audiencias previas para sustentar la acusación. A pesar de los contratiempos logísticos y técnicos registrados hoy, el Poder Judicial ha reiterado su compromiso de continuar con el desahogo de las etapas procesales pendientes conforme a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
