Cuestionan uso de vuelos privados por parte de la gobernadora Mara Lezama

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, se encuentra bajo escrutinio público tras darse a conocer el uso de vuelos privados para traslados que han sido vinculados con proveedores de servicios del gobierno estatal. Estos señalamientos ponen el foco en la relación entre los contratistas que mantienen negocios con la administración pública y los medios de transporte utilizados por la mandataria en sus desplazamientos, tanto dentro como fuera de la entidad federativa.

Especialistas en transparencia señalan que, cuando quien presta el servicio de transporte aéreo tiene nexos comerciales con el aparato gubernamental, la simple acreditación de que el pago se realizó desde una cuenta personal no resulta suficiente para disipar las dudas sobre posibles conflictos de interés. La normativa vigente exige que toda relación entre funcionarios y proveedores se rija bajo principios de máxima publicidad, evitando cualquier percepción de trato preferencial o beneficios indirectos derivados de las contrataciones públicas.

Desde el equipo de comunicación de la gobernadora se ha reiterado que todos los gastos efectuados por la titular del Ejecutivo estatal son cubiertos con recursos propios y que no existe irregularidad alguna en la contratación de servicios de terceros. Los voceros subrayan que las operaciones cumplen con la legalidad vigente y que la administración mantiene su compromiso con la rendición de cuentas, rechazando cualquier vinculación indebida entre los proveedores del estado y la logística de transporte personal.

El debate se traslada ahora a la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización que permitan auditar de manera más precisa los servicios contratados por funcionarios de alto nivel. Organizaciones civiles han solicitado que se realicen revisiones exhaustivas sobre los contratos públicos otorgados a empresas del sector aeronáutico en Quintana Roo, con el fin de garantizar que no existan irregularidades en la adjudicación de proyectos ni en el uso de los recursos públicos.