Cuestionan la gobernabilidad en Sinaloa tras crisis de seguridad pública
La analista Yessica De Lamadrid reflexiona sobre la distinción entre ejercer el mando y gobernar efectivamente en Sinaloa.
La crisis de seguridad que atraviesa el estado de Sinaloa ha puesto en el centro del debate público la capacidad institucional de la administración encabezada por el gobernador Rubén Rocha Moya. En días recientes, la analista política Yessica De Lamadrid ha planteado una interrogante fundamental sobre la realidad de la entidad: la diferencia sustancial entre quienes detentan el poder fáctico y quienes poseen la responsabilidad legal de gobernar.
El cuestionamiento surge ante la percepción ciudadana de una pérdida de control territorial por parte de las autoridades civiles frente a grupos delictivos. Según la visión expuesta por De Lamadrid, la administración estatal enfrenta un reto mayúsculo para demostrar que las instituciones democráticas mantienen la rectoría sobre el orden público, alejando la idea de que la voluntad de mando reside fuera de los cauces constitucionales.
Para diversos sectores de la sociedad sinaloense, la exigencia se centra en la necesidad de resultados tangibles por parte de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y la coordinación con la Guardia Nacional. La propuesta de los especialistas sugiere que la gobernabilidad no solo depende de la presencia de fuerzas federales, sino de la reconstrucción de la confianza entre la ciudadanía y las instituciones locales que se han visto rebasadas por la violencia.
La controversia sobre quién ejerce el poder real en Sinaloa se mantiene vigente en la agenda mediática y política. Mientras el gobernador Rocha Moya sostiene sus facultades constitucionales, diversos analistas insisten en que el ejercicio del gobierno requiere una legitimidad que va más allá del cargo, exigiendo una estrategia clara para devolver la tranquilidad a las familias sinaloenses que viven bajo el impacto de los hechos recientes.
